Colombia no es ajena a este escenario, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de estos factores inciden en la política pública establecida por el gobierno para la conservación y mantenimiento del orden público. Sin embargo, el país “no ha logrado desplegar y desarrollar en forma definitiva e integral las capacidades institucionales del Estado en todo el territorio nacional habitado, de manera que existen grandes y diversas regiones con vacíos de presencia integral del Estado” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 449). En este aspecto, se puede vislumbrar que la intervención del gobierno tiene un carácter intersectorial, entendido como el despliegue de las capacidades de todas sus instituciones, con el propósito de garantizar el goce efectivo de derechos de todos sus habitantes a partir de la provisión de seguridad, justicia, democracia y el orden social. En términos de Loubet Del Bayle (1998, p.15) se identifica la participación del gobierno en dos aspectos: la protección del orden político (orden público) y la asistencia prestada a la comunidad societaria (seguridad pública). Y para tal fin se establece un modelo de policía, entendido como el “marco institucional con el que el gobierno influye en el comportamiento de las instituciones políticas orientado al ejercicio de la coacción para el mantenimiento del orden público” (Cortés, 2017). Generalmente no hay claridad en los roles, participación y responsabilidades que tienen las diferentes instituciones del gobierno dentro del modelo de policía. Pues se genera una confusión de tipo estructural, si se tiene en cuenta al mismo tiempo la evolución de las relaciones entre organización político-administrativa, entorno social y la organización del servicio público de policía (Loubet Del Bayle, 1998, p. 17). En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se empezó a marcar fuertemente la descentralización de la gestión pública del gobierno en el que se identifican dos niveles: el nacional, representado por el presidente de la República, los ministerios y diferentes agencias; y el nivel sub-nacional, encabezado por los gobernadores y alcaldes. De acuerdo con la jurisprudencia a nivel nacional[1], se deja claro sobre quien recae la responsabilidad de la gestión pública para el mantenimiento y conservación del orden público, pues estas (presidente, gobernadores y alcaldes) son las autoridades de policía.

Lo anterior, permite aclarar algunos conceptos relacionados con la conservación y mantenimiento del orden público; estos son el “servicio público de policía” y la “policía” como institución. Generalmente estos conceptos aparecen vinculados entre sí de manera directa, sin distinción alguna. De acuerdo con Vásquez (2015, p. 189), el primero implica un conjunto de procesos y actividades necesarios para cualquier “orden social” – direccionados a alcanzarlo – que pueden ser desarrollados por una multiplicidad de instituciones – una de ellas la policial – y capaz de adquirir diversas modalidades, mientras que el segundo se refiere a una institución social particular. Aunque el servicio público de policía es una actividad y/o un proceso que ha existido a pesar de la institución policial, Monjardet (2010, p. 318) explica que la “policía” es una herramienta materializada en un institución -y como tal, con cierta autonomía- creada por la autoridad política para promover, realizar o salvaguardar intereses colectivos a través de la distribución de la fuerza en un conjunto socialmente definido, es decir, la policía es una institución encargada de detentar y aplicar los recursos de fuerza.

A manera de conclusión, si bien es cierto que el gobierno central determina la política pública para la conservación y mantenimiento del orden público, no es menor el trabajo que les compete a los gobiernos sub-nacionales, es decir, a los departamentos y municipios. En este contexto, es relevante entender que la gestión pública territorial del servicio público de policía en Colombia implica no solo la lucha contra las amenazas y fuentes multidimensionales de inseguridad a través de la policía como institución, sino que requiere el compromiso de las autoridades de policía, con un enfoque incluyente de todos los sectores de la sociedad.